Mundo Profesional
El poder judicial de la provincia de Buenos Aires, el más grande del país en cuanto a cantidad de magistrados, funcionarios y trabajadores, fue uno de los sectores más vulnerados y desatendidos por la administración de María Eugenia Vidal. Actualmente, los reclamos del sector son múltiples: mayor presupuesto, equiparación de los salarios que perciben los magistrados provinciales con los de sus pares federales, reformas consensuadas y autarquía financiera.
Respecto al gobierno saliente, Hernán Colli, presidente del Colegio de Abogados de La Plata, manifestó a Mundo Profesional: “Es una gestión que para nosotros ha tenido luces y sombras. En algunas cosas me parece que se han podido construir los espacios para trabajar colaborativamente y llevar nuestra opinión en materia de justicia. Sin embargo, me parece que faltaron las herramientas para terminar de definir una política mucho más integral orientada a mediano y largo plazo”.
Los logros que la ex gobernadora enumeró acerca de la gestión en el Ministerio de Justicia de Gustavo Ferrari, fueron: el nuevo Código de ética, que impide a los jueces participar de reuniones partidarias para reforzar la independencia del poder judicial, la nueva Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y la difusión del patrimonio de más de 13.500 jueces, defensores y fiscales. Además, encabezó una ambiciosa reforma judicial que quedó a medio hacer por falta de presupuesto y que suscitó controversias en el sector.
También se modificó una de las cláusulas del reglamento del Consejo de la Magistratura. Se estableció el orden de mérito para elegir jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores tutelares en la provincia. Sin embargo, Hernán Colli, objetó: “Se discutió la modalidad de evaluación pero no la integración del Consejo. Los Colegios de Abogados tenemos 4 representantes sobre un total de 18. En realidad, la constitución habla de tres estamentos con una representación equilibrada. Acá hay cuatro representantes de los Colegios de Abogados, cuatro representantes de los jueces de las diferentes instancias y diez del poder político. Fuimos convocados como Colegio a una mesa de reforma judicial donde quisimos discutir esto, y no hubo disposición”.
Respecto a la Ley de Jury por Enjuiciamiento, que fue reformada por Vidal para una mayor celeridad en el proceso y metodología de los juicios a jueces y fiscales, Colli opinó que “fue una oportunidad perdida”. En este sentido, el abogado manifestó: “Ahí la reforma tendría que haber sido muchísimo más profunda, para que el procedimiento de enjuiciamiento de un magistrado en la provincia de Buenos Aires sea muchísimo más ágil y eficiente. Vemos que hay muchísimas causas en trámite y que independientemente del mayor o menor esfuerzo que pongan quienes son presidentes de la Corte y a su vez deben presidir el Jurado de Enjuiciamiento, las causas se acumulan y no se terminan de resolver en tiempo y forma”.
Otra deuda pendiente del gobierno, es hacer efectiva la independencia del poder judicial. En esta línea, el presidente del Colegio de Abogados platense expresó: “La falta de institucionalidad caracterizó a la mayor parte de los gobiernos de los 90’ en adelante. A partir de ese contexto, los gobiernos de turno siempre han propiciado tener poderes judiciales que sean funcionales a sus intereses o al menos contemplativos con ellos. Hay que generar institucionalidad. Se genera con instituciones como el Consejo de la Magistratura y con cierta autarquía financiera de los poderes judiciales para que no dependan de que el ministro de economía de turno habilite o no los recursos, por ejemplo”.
Respecto a los quehaceres de la administración de Axel Kicillof en el ámbito judicial, expresó: “El nuevo gobierno tiene dos desafíos: uno tiene que ver con la Ley de Procedimiento laboral que debería empezar a regir el año que viene, para lo cual es necesario poner en funcionamiento el nuevo Fuero del Trabajo. Nos parece importante que esa política continúe porque se trata de un fuero particularmente sensible en lo que tiene que ver con derechos de personas en situación de vulnerabilidad como lo son trabajadores y trabajadoras, y que puede perfilar una política de estado. La otra cuestión es el proyecto del Código Procesal, Civil y Comercial, que está en tratamiento en las cámaras. Es un código que se trabajó con mucho consenso de todos los actores involucrados y que propone mayor oralidad y celeridad en los juicios”.
No obstante, el presidente del Colegio de Abogados de la Plata insistió en que “todo cambio en la estructura judicial tiene que venir acompañado de la provisión de recursos presupuestarios suficientes para que se pueda atender desde la infraestructura edilicia, desde los requerimientos de personal y desde la innovación tecnológica que conlleva. No hay posibilidad de que haya justicia y poder judicial de calidad si no hay un presupuesto destinado para que esto pueda llevarse adelante”.
Esperanzado en que la nueva gestión provincial atienda las demandas del sector, Colli afirmó: “Tenemos un moderado optimismo en la nueva gestión. Vamos a tratar de poner todo el esfuerzo para que las cosas empiecen a funcionar mejor. Nosotros vamos a seguir abogando por una mayor institucionalidad, por la independencia del poder judicial, la garantización del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos”.
