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El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires expresó un enérgico rechazo al proyecto de ley 3287-D-2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que propone la implementación del divorcio administrativo, eliminando la intervención de abogados y abogadas en el proceso con el objetivo de abaratar y agilizar el trámite.
En un comunicado oficial, la entidad profesional destacó su profunda preocupación por los riesgos que este proyecto conlleva para la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. A continuación, se detallan los puntos críticos que subraya el Colegio:
- Riesgo a la seguridad jurídica: El proyecto permitiría que los ciudadanos renuncien a derechos fundamentales sin el asesoramiento adecuado, lo que, según el Colegio, abre la puerta a posibles abusos, en especial hacia los grupos más vulnerables.
- Menoscabo de incumbencias profesionales: La intervención de abogados es considerada esencial para proteger los derechos de las personas en los procesos de divorcio. El Colegio advierte que prescindir de esta figura desprotege a los ciudadanos en un momento clave de sus vidas.
- Incongruencias legales: El proyecto de divorcio administrativo presenta inconsistencias con el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que podría generar confusión y caos jurídico en la práctica, afectando la previsibilidad de los procesos.
- Riesgos de nulidades y litigiosidad: La falta de asesoramiento letrado podría derivar en acuerdos defectuosos o viciados, generando conflictos judiciales prolongados y aumentando la carga de litigiosidad en el sistema judicial.
- Desprotección de grupos vulnerables: El Colegio critica que el proyecto no contempla adecuadamente las necesidades especiales de personas con discapacidad o adultos mayores, quienes podrían quedar aún más expuestos sin el apoyo de profesionales del derecho.
- Contradicción con estándares internacionales: El organismo también advierte que la iniciativa contradice las normas internacionales que exigen la asistencia letrada obligatoria en estos casos, dejando a los ciudadanos indefensos y sin las debidas salvaguardas.
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires hizo un llamado urgente a los legisladores para que reconsideren esta propuesta y trabajen en alternativas que fortalezcan las garantías jurídicas en los procesos familiares. Además, reafirmó su compromiso con la defensa del estado de derecho y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Este posicionamiento refuerza el rol de los abogados en el resguardo de la legalidad y en la protección de quienes atraviesan situaciones complejas como la disolución de un matrimonio, señalando que el ahorro en tiempo y costos no puede ir en detrimento de la justicia y la equidad.
