Mundo Profesional
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires anunció la suspensión, al menos hasta marzo, del tratamiento de dos proyectos de ley que proponían modificaciones significativas en el funcionamiento de los colegios y consejos profesionales de manera totalmente inconsulta, por lo que venían generando rechazo y fuerte malestar en la comunidad profesional bonaerense.
Las iniciativas, presentadas por los legisladores Ricardo Lissalde y Maité Alvado, habían generado un amplio repudio por parte de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA) y la totalidad de las entidades profesionales del territorio bonaerense.
Ninguno de los dos expedientes logró el consenso necesario ni siquiera dentro del bloque oficialista, Unión por la Patria, al que pertenecen Lissalde y Alvado, y además, fueron rechazados por sectores libertarios, lo que evidenció la amplitud del desacuerdo respecto a estas iniciativas.
Entre los cambios propuestos, se destacaban modificaciones en los criterios de elección de autoridades, la eliminación de las reelecciones y ajustes en los sistemas de gastos de representación. FEPUBA calificó las propuestas como “inaplicables y de dudosa constitucionalidad” y advirtió que su implementación podría poner en riesgo el autogobierno de los colegios, esencial para garantizar la calidad y la independencia en el ejercicio profesional.
El anuncio de la postergación generó alivio entre las entidades profesionales, que ahora disponen de tiempo para realizar aportes y expresar sus opiniones sobre las propuestas. Desde FEPUBA y otras instituciones señalaron que los proyectos habían sido presentados de manera inconsulta, sin respetar la diversidad y la especificidad del funcionamiento interno de los colegios profesionales.
Pero además, las entidades advirtieron que las propuestas formaban parte de un “plan generalizado y sistemático de desregulación” que atentaba contra la autonomía y el modelo institucional de los colegios. Asimismo, destacaron la importancia de estas instituciones en la regulación de la matrícula profesional y en la prestación de servicios esenciales a la población.
La decisión legislativa abre una nueva etapa para el tratamiento de estas cuestiones, en la que se espera que los proyectos puedan ser discutidos con mayor participación de las entidades involucradas. Las instituciones profesionales reiteraron su disposición para colaborar en el análisis y la mejora de cualquier iniciativa que busque fortalecer el sistema profesional sin comprometer su autonomía ni su calidad.
Este tiempo adicional permitirá evitar decisiones apresuradas que puedan afectar el ejercicio profesional y la prestación de servicios esenciales en la provincia de Buenos Aires, destacaron fuentes del sector.
