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Vecinos de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, enfrentan una preocupante situación debido a la contaminación generada por la fábrica de la empresa Klaukol, señalada por emitir sustancias clasificadas como extremadamente peligrosas para la salud y el medio ambiente. La planta es considerada de nivel 3 en la escala de riesgo ambiental, un grado que, en otros países, obliga a su reubicación fuera de áreas pobladas.
A pesar de múltiples denuncias presentadas tanto en la justicia bonaerense como en la nacional, los reclamos de los residentes han sido archivados sin una solución concreta. Los habitantes de la zona aseguran que la fábrica opera sin respetar las normativas que exigen que este tipo de establecimientos estén alejados de zonas urbanas.
“Las empresas como estas no deberían estar cerca de áreas urbanas. En Europa están prohibidas. Aquí, en cambio, el gobierno les da luz verde”, manifestó una vecina en declaraciones difundidas por el programa NOVAStream, que abordó el caso en profundidad.
Los efectos en la salud de los habitantes son alarmantes. Problemas respiratorios, trastornos madurativos, pérdida de audición y casos de cáncer se reportan con frecuencia entre los vecinos. Según testimonios, el polvo emanado por la planta contamina el aire y penetra en las viviendas, obligando a las familias a recurrir a medidas desesperadas, como colocar toallas húmedas bajo las puertas para intentar bloquear su ingreso.
Incluso se han reportado fallecimientos de bebés asociados a la exposición constante a los contaminantes. “Nos están matando y nadie hace nada”, expresó una residente de la zona.
Los vecinos no solo apuntan a la empresa, sino también a la justicia local y al gobierno provincial, liderado por Axel Kicillof, por permitir que la fábrica opere en un área densamente poblada. Alegan que hay complicidad entre estas instituciones y la empresa, dificultando el avance de las denuncias.
Por su parte, el abogado Leonardo Belastegui, quien representa a los damnificados, señaló en el programa de Mario Casalongue que la situación vulnera gravemente los derechos humanos de la comunidad y demanda una respuesta inmediata de las autoridades.
Los habitantes de Virrey del Pino continúan exigiendo el cierre inmediato de la planta y soluciones efectivas para garantizar su salud y bienestar. Sin embargo, las denuncias siguen acumulándose sin respuestas oficiales, mientras la comunidad permanece en alerta ante una situación que, aseguran, amenaza su vida y su futuro.
