Mundo Profesional
Martilleros públicos y corredores de la provincia de Buenos Aires realizaron una asamblea en Lanús para avanzar en la dura disputa que mantienen con la multinacional Remax y otras franquicias, como el Grupo Mega, que opera bajo la figura de las franquicias.
Tras obtener una cautelar que obliga a la empresa a suspender su operatoria en este partido y en Avellaneda, ahora decidieron avanzar en la Justicia para que se la expulse. Pero, además, empezaron a cruzarse denuncias con asociaciones profesionales por supuesta complicidad con el gigante extranjero.
De la reunión plenaria celebrada en el Quincho de Vitalicios del Club Lanús participaron referentes de varios distritos, algunos de ellos de gran envergadura en el sector, como los de La Plata, Capital Federal, Quilmes y Lomas de Zamora, Avellaneda y Ensenada. Allí se decidió encarar una embestida judicial para expulsar a la franquicia del país y replicar, en todos los departamentos judiciales de la Provincia y el país, la presentación judicial de amparo obtenida hace pocos días, que las obliga a encuadrarse en el marco legal en el que opera el resto de las inmobiliarias del país, según relataron a Letra P profesionales que participaron del encuentro.
La ley provincial 10.973 establece que no se puede franquiciar la profesión de los martilleros, ya que se debe contar con un título profesional para ejercer como tal. Los martilleros aseguran que Remax y otras franquicias -como el Grupo Mega- violan ese régimen normativo porque tienen agentes capacitados en pocos meses en las propias franquicias que operan como vendedores.
Esto –siempre según la denuncia- perjudica especialmente a las inmobiliarias, un actividad tradicional para el sector pyme, ya que la mayor parte de ellas no tiene más de cinco empleados, pero en todo el país son decenas de miles los martilleros y corredores matriculados y al frente de su propio emprendimiento.
Las franquicias vienen a funcionar bajo la firma y responsabilidad de un puñado de martilleros, en dimensiones a gran escala, y con cientos de empleados sin preparación profesional que salen a trabajar al mercado como «agentes inmobiliarios», tras una escasa capacitación comercial pero escasamente técnica. El rédito de la actividad no va a parar ni al sector de los martilleros ni a la economía local, sino a las cuentas de los colosos multinacionales, sostienen los denunciantes.
