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El Presidente del Colegio de Abogados de La Plata se refirió a la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que crea un registro de acceso público con los datos de los abogados que inicien juicio a la entidad.
El registro especial que impuso la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con los datos de los trabajadores y abogados que presentaron o presenten demandas de inconstitucionalidad de la ley 27.348, que modificó el sistema de riesgos del trabajo (Ley de ART), fue suspendida por el Juzgado Federal del Trabajo N° 4. El mismo dio lugar a una medida cautelar que dictamina al organismo la suspensión de lo dispuesto por la resolución MTEySS N° 760/17.
En este sentido, Colli aseguró que “hay una gran preocupación en el Colegio y es por eso que hacemos público nuestro enérgico rechazo a la medida cautelar de la superintendecia de riesgo y trabajo ya que ‘la lista negra’ lo único que hace es estigmatizar a los trabajadores” y agregó “esto es una persecución ideológica”.
El fallo fue firmado por la jueza Laura Cristina Castagnino, y dio lugar a la presentación realizada por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. Se estableció un plazo de cinco días al Ejecutivo para que explique sobre el registro que creó, según informó el mismo medio. La disposición de la SRT obligaba en un plazo de 30 días a que las ART y las empresas autoaseguradas informaran al organismo los nombres de los abogados y trabajadores, así como los datos de la demanda.
“El nuevo registro resulta de libre utilización por parte de empleadores y aseguradoras de riesgos de trabajo y constituye un factor inhibidor de las acciones allí incluidas, ante la concreta posibilidad de ser objeto de discriminación preocupacional o de otras represalias”, aseguró el Presidente.
Desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires exigieron “la inmediata derogación de la Resolución Nº 760/2017 emanada de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo” y afirmaron que la medida “restringe la libertad de los ciudadanos y constituye una velada amenaza a los abogados que cuestionen la validez de dicha normativa”.
Los cambios de la ley de ART representaron un proyecto a medida de las empresas, que obliga a los trabajadores a asistir a comisiones médicas, antes de comenzar un juicio contra las patronales. El fin de este “paso administrativo previo” fue desalentar todo tipo de reclamo judicial frente a los problemas de salud que provocan las malas condiciones laborales que hay en gran parte de la industria.
“Estas listas resultan violatorias de los derechos humanos fundamentales y laborales de integridad psicofísica, de no discriminación, de protección de datos personales, de trato igualitario, de acceso a la tutela judicial efectiva, de defensa y de privacidad e intimidad laboral”, finalizó Hernán Colli.
