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En la ciudad de América, partido de Rivadavia, el Honorable Consejo Deliberante emitió la Resolución 22/2017, sancionada el 27 de octubre en la Sesión Pública Nº12/2017, por la cual se manifiesta la preocupación y el rechazo a la posibilidad de que se autorice la instalación de sociedades multirrubros para la comercialización de medicamentos en la Provincia de Buenos Aires, además en dicha Resolución se insta a que se sostenga la vigencia de la Ley 10.606.
Entre los fundamentos de la Resolución se manifiesta que la Ley 10.606 que regula la venta de medicamentos en la provincia de Buenos Aires define a las farmacias como un servicio público. Hoy está en debate en la justicia la posibilidad que cadenas comerciales ingresen al negocio de venta de medicamentos; estos comercios no solo convirtiéndose en comercios multirrubros y que compiten desde una posición dominante con los farmacéuticos locales pero que no brindan el servicio personalizado al que estamos acostumbrados los habitantes de los pueblos de la Provincia.
Además, sostiene que la Ley mencionada establece claramente criterios geográficos y demográficos para la instalación de farmacias y la imposibilidad de que las sociedades puedan ser propietarias de las mismas; si estas cadenas irrumpen estos criterios se romperían ya que la competencia sería absolutamente desigual, con el consiguiente perjuicio para los usuarios que verían mermada la cantidad de farmacias por la imposibilidad de competencia con estos gigantes polirrubros, amén de que son personas jurídicas.
Al tiempo que plantea que es necesario mantener el sentido de la ley, no se debe avanzar en una concepción comercial de la venta de medicamentos.
A su vez, en la citada Resolución el Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia apoya el criterio sostenido por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
La principal alarma está puesta en que el máximo tribunal de justicia del país modifique o suspenda la aplicación de la normativa vigente que lleva ya tres décadas, para beneficiar a un grupo empresario.
Vale recordar que la norma vigente, la Ley 10.606, establece un modelo sanitario, que promueve la instalación de nuevas farmacias en barrios y pequeñas localidades, en las que de otra manera sería sumamente difícil su existencia, además de limitar el tipo de productos que pueden venderse, para garantizar que los medicamentos no se mezclen con otro tipo de mercaderías.
“No hay problemas si se quieren instalar, lo que pasa es que quieren hacerlo sin respetar las leyes de la Provincia, o peor aun creando una ley a la medida de una sola empresa que además pondría en riesgo la dispensa de medicamentos”, expresó la Farm. Isabel Reinoso, Presidente del Colegio de Farmacéuticos.
La ley vigente establece que no puede haber una farmacia a menos de 300 metros de otra ni cada menos de tres mil habitantes. “Esto asegura que sean viables y que haya al menos una farmacia incluso en los pueblos pequeños de los 135 partidos de la Provincia”, afirma la farmacéutica Reinoso: “con un modelo de mercado desregulado esto quedaría en riesgo, lo que hoy es un servicio público se vería gravemente afectado”.
