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María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, admitió en Radio La Plata (90.9), que desde el colegio venían sospechando que la justicia fallaría a favor de la empresa, ya que el caso dejó de ser jurídico, «ahora es un caso político», aseguró.
Eduardo Casal, procurador fiscal ante la Corte Suprema y quien ocupa de forma interina la Procuración General de la Nación, falló a favor de Farmacity, lo que complica aún más el reclamo que hacen las farmacias de la provincia de Buenos Aires, que no tiene que ver con el si o no a la instalación de la empresa, si no que su llegada a la provincia se realice bajo las mismas normativas que todas las farmacias.
«Acá se discute el modelo sanitario versus un modelo de mercado y de prosperar esto estarían echando por tierra los años de trabajo en salud pública de la provincia de Buenos Aires», destacó Reynoso quien además explicó que la ley que rige para las farmacias establece quienes pueden ser dueños, por considerarlas un sistema de salud pública, y que también propone los lugares en los que se deben instalar las farmacias en función de las necesidades de los ciudadanos de toda la provincia.
«Es preciso que se aplique la ley para que sea más capilar y las farmacias se asienten en donde la gente las necesita», contrariamente a lo que propone Farmacity, quien desea conformar una «ley a medida» y que tiene que ver además con los principios económicos de una empresa que además, está liderada por un funcionario del gobierno nacional, Mario Quintana, vicejefe de Gabinete.
Además, la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos sostuvo que han pedido reunirse con la Gobernadora Maria Eugenia Vidal, pero la respuesta fue que la gobernadora no quería hablar sobre un juicio, pero «Vidal no tiene que opinar sobre un juicio, si no en función de un modelo sanitario o un modelo privado y empresarial, y eso es una decisión política» señaló Reynoso.
La llegada de Farmacity, no sólo no cubriría con las necesidades de la ciudadanía en cuanto al alcance de los medicamentos y consultas de salud que se realizan en las farmacias, si no que además, es una falsedad que los precios disminuirían ya que, como explicó Reinoso, «estos grupos económicos, se concentran, y son los que regulan los precios de los medicamentos (…), ese modelo significaría la colusión de las grandes empresas farmacéuticas en pos de subir los precios y tener más ganancias como sucede en Chile».
