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Luego de que el vicejefe de Gabinete de la Nación fuera imputado por tráfico de influencias y conflicto de intereses, la presidenta del Colegio, Isabel Reinoso, se preguntó “¿es posible que ellos sean prestadores del Estado siendo funcionarios?” y demostró conformidad con la medida judicial.
Luego de idas y venidas en resoluciones judiciales, la titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires expresó su conformidad con la imputación del ex CEO de Farmacity, imputado por negocios incompatibles con el Estado. “Hay que abrir e investigar cada una de las sociedades”, dijo la referente a Radio La Plata (FM 90.9) en referencia a los grupos de los que formó parte Quintana y criticó a la Justicia nacional por emitir fallos a medida del funcionario.
“Salen a desmentir que Quintana presionó al procurador Casal, pero vimos claramente cómo una resolución de la Corte Suprema de la Nación en este caso admitió un caso particular. Si bien el dictamen no es vinculante, va a contrapelo de lo que dijo a la provincia de Buenos Aires”, opinó respecto del fallo que la Procuración General de la Nación emitió a principios de mayo a favor de Farmacity, pero que no fue vinculante para la Corte Suprema de la Nación.
Al mismo tiempo, agregó que a Quintana “lo denunciamos por competencia desleal pero se archivó. La que él inició contra las entidades farmacéuticas iba para un lado y ahora va para otro. Claramente la Secretaría de la Competencia, que depende de Miguel Braun y Francisco Cabrera, tiene injerencia sobre el Poder Ejecutivo”.
En relación a la denuncia de Quintana, expresó que “lo que se percibe es un fin solidario para que pami compre medicamentos más baratos que van a jubilados. No pueden decir que es un aporte excesivo”, y se preguntó “¿Es posible que ellos sean prestadores del Estado siendo funcionarios?”.
