Mundo Profesional
Nuestro país, históricamente ha delineado una estructura económica de alta sensibilidad, tanto en el plano interno como internacional, con debilidades congénitas de tipo estructural: perfil dependiente en el comercio exterior, desequilibrios regionales, baja competitividad industrial, déficit de infraestructura, concentración y extranjerización del capital, distribución regresiva del ingreso, y similares. Lo que configura niveles de alta complejidad y problemas que no solo no han podido se resueltos, sino que en algunos casos se han profundizado.
¿Por qué entonces aparece hoy en el debate económico de Argentina bajo la forma de una dicotomía entre ajuste y pacto social? se preguntan desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a través de una documento que fue difundido la semana pasada.
En términos literales, “ajustar” es alinear variables económicas -explican-. Implica un diagnóstico donde, a partir de criterios teóricos se han verificado movimientos divergentes entre variables que podrían afectar la marcha futura de la economía. En esas condiciones se recomiendan medidas de política económica para corregir esas tendencias y resolver las discrepancias. De esa manera la macroeconomía podría funcionar, según la teoría adoptada, de manera adecuada.
El «Pacto Social» en cambio es un proceso que permitiría superar las necesidades cortoplacistas que imponen los vaivenes de una economía globalizada por un lado y los problemas estructurales que se mencionaron anteriormente por el otro.
Hoy los poderes ejecutivos detentan poderosos instrumentos de intervención económica: fiscales, cambiarios, monetarios, de ingresos, etc. La mayoría de esos instrumentos no existían hasta la crisis de 1930. Allí aparecen por la necesidad de intervención del Estado, y a posteriori se perfeccionan, consolidan e incluso se profundizan.
Por tanto, en todos los países del mundo, los principales instrumentos macroeconómicos para la toma de decisiones, se encuentran en cabeza del poder ejecutivo. No son objeto de tratamiento por parte del poder legislativo donde podría, al menos hipotética-mente, lograrse un consenso. A esto se suma, que en coyunturas de crisis, las decisiones concentradas, masivas y simultáneas adoptadas por los agentes económicos en defensa de su patrimonio, predominan por sobre las decisiones gubernamentales y producen los denominados “ajustes de mercado”.
Para cubrir esta brecha entre las instituciones y la economía, en el mundo se instrumentan los llamados “consejos económico-sociales”. Es una forma de reforzar las instituciones típicas de la democracia representativa, incorporando a la representación política, el criterio de representación funcional, sin desplazar a la anterior. De esa manera, por un lado, el Estado se beneficia de un contacto directo y sistemático con los grupos de interés social y por el otro incentiva su participación. Esto profundiza las condiciones de la democracia y le permite evolucionar desde su carácter meramente representativo hacia la participación, con responsabilidad, de los distintos actores sociales, vinculando los intereses de la sociedad y las decisiones del Estado.
El ajuste y el pacto social pueden no ser contrapuestos sino complementarios y potenciarse mutuamente. Si la política económica debe necesariamente, alinear variables, ser integral, cubrir todos los horizontes temporales y prever los efectos sobre el contexto social, institucional y ambiental, el pacto social puede constituirse en un sólido instrumento para lograrlo.
La sola composición de un eventual consejo económico con sectores productivos, ONG´s, universidades, organizaciones de profesionales, etc. obliga a considerar todas las variables económica y de contexto, y todos los horizontes posibles a fin de detentar un programa integral, evitando así la adopción de medidas aisladas.
Esas mismas presencias obligan a considerar el resto de los componentes de un ajuste de las variables. No sólo la definición de la alineación de las variables sino tam-bién su costo social y como se distribuirá la carga de ese costo. Si resultara inevitable ajustar variables con alto costo social, éste se puede asignar con equidad. Y aun cuando esa equidad no resultara satisfactoria se pueden adoptar medidas complementarias de tipo compensatorio para los sectores más afectados.
Este criterio permite introducir medidas tanto de shock como graduales, de acuerdo a necesidades técnicas y de contexto. Su costo social y la distribución de su carga han sido consideradas y evitará los conocidos efectos sociales negativos.
Esto implica otorgar sustentabilidad social a un plan económico. También hará falta sustentabilidad institucional y ambiental y se puede lograr ampliando las miras de la conformación de un pacto social.
Actualmente, y frente a las próximas elecciones, todos los sectores vinculados a la producción (empresarios y trabajadores) y a la política (tanto partidos oficialistas como opositores) plantean, y de manera explícita, la necesidad de instrumentar algún tipo de pacto social. Incluso los asesores de candidatos, aún los más cercanos a una orientación neoliberal expresan la necesidad de consensos.
Una nueva y magnífica oportunidad para volver a intentarlo.
Fuente: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires
