Mundo Profesional
Los profesionales nucleados en la AJB y la CICOP realizarán una nueva medida de fuerza prevista para este miércoles en reclamo de la apertura de paritarias.
Los profesionales de la salud nucleados en la CICOP y los trabajadores judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense anunciaron una nueva medida de fuerza a realizarse este miércoles 23 de octubre con diferentes reclamos a la gobernadora María Eugenia Vidal para que su gabinete los convoque a discutir un aumento en los salarios.
En este sentido, el titular de la AJB, Pablo Abramovich sostuvo que “con estas medidas de fuerza damos continuidad al plan de lucha”. “La perspectiva de volver a perder una parte importante de nuestro salario frente a esta nueva escalada inflacionaria nos obliga a sostener con decisión las medidas de fuerza el tiempo que sea necesario, con el objetivo de lograr sentar al Ejecutivo a discutir seriamente cómo se recomponen los salarios de las y los judiciales bonaerenses”.
En la misma línea se declaró la CICOP que resolvió la medida “ante la falta de respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal a los reiterados pedidos de reapertura de paritarias para discutir salarios y condiciones laborales”. Además, advirtieron que “la medida de fuerza resuelta tiene también el sentido de señalar, a quien asuma la gobernación a partir del 10 de diciembre próximo, que la salud pública de la provincia de Buenos Aires requiere de urgentes decisiones políticas y partidas presupuestarias adecuadas”.
Y es que para Abramovich, “las condiciones salariales de más de la mitad de los trabajadores del Estado bonaerense es alarmante. La gobernadora Vidal cerró unilateralmente la paritaria de 2018 con un incremento salarial 15 puntos inferior a la inflación de ese año, y en 2019 se apresta a producir un recorte aún mayor”.
Marta Márquez, titular del gremio de los profesionales de la salud agregó: “el gobierno de María Eugenia Vidal, cuando falta apenas una semana para las elecciones, no ha dado una sola señal de querer abordar con seriedad los problemas generados por la brutal desinversión presupuestaria ejecutada durante su gestión en el sector. Así, de modo irresponsable, continúa poniendo a diario en riesgo la condición sanitaria de la población cuyos derechos tiene la obligación de garantizar”.
