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Desde la Mesa Directiva del Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires manifestaron preocupación por el avance del sector privado sobre los sectores públicos de arenas en las playas locales y reclamaron medidas al gobierno local para proteger un recurso indispensable para la región.
«Sabemos que la próxima temporada estival nos enfrentará con una situación atípica y desconocida», reconocen los arquitectos sobre el desarrollo de una temporada con distanciamiento social, por lo que celebraron las medidas «tendientes a generar corredores comerciales con prioridad peatonal, o corredores gastronómicos que maximicen los espacios exteriores de expansión».
En ese marco indicaron que «es lógico pensar que en las urbes costeras este año el recurso crítico no serán las camas de hospedaje sino el espacio de arena de uso público. En síntesis, podremos recibir tantos turistas como espacio de arena de acceso irrestricto dispongamos”, indicaron desde del Colegio.
sin embargo advirtieron que «notamos incumplimientos en algunos sectores de la costa en cuanto al manejo exigido de la arena, o algunas obras civiles tendientes a minimizar el espacio natural y de acceso irrestricto en otras áreas», por lo que «las autoridades locales deben estar más atentas que nunca a estas problemáticas en las condiciones que impone la situación actual».
En ese sentido los profesionales calificaron como «contradictorio» que en las plantas urbanas se piense en aumentar los espacios de uso peatonal incorporando calles de restricción vehicular, ampliando espacios de vereda para gastronomía, e incorporando a los sectores cerrados patios y terrazas, «mientras que el sector privado de arena, (quizás el único espacio masivo que tendrá esta temporada) sigue sin ceder metros a lo público, o lo que es peor, se reduce por construcciones de dudosa legalidad».
«La superficie de arena de uso público, será esta próxima temporada la principal materia prima necesaria para que todos los sectores económicos se puedan desarrollar de la mejor manera posible, dentro de esta difícil situación. Dilapidar este recurso avalando desde el Estado incumplimientos contractuales o materializando obras contrarias al sentido común, es una actitud suicida en la actual coyuntura económica y de desocupación que vive la región”, concluyeron desde el Distrito IX del CAPBA, por lo que reclamaron medidas concretas del gobierno local para proteger ese recurso.
