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Ante las reformas anunciadas por Mauricio Macri la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner, el Colegio de Escribanos de la Ciudad mostró su apoyo al proyecto tributario que «es positivo en términos globales», según manifestó Claudio Caputo, presidente de la entidad.
El titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Capto aseguró que “modificar el impuesto a la tranferencia de inmuebles por el de Gananacias viene a reconocer una realidad pero aún hay cuestiones que analizar, como la actualización por la inflación”.
Caputo se centró en la modificación del impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) por el de Ganancias «que viene a reconocer una realidad. El ITI grava las transferencias de inmuebles ubicados en el país y recae sobre las personas físicas y sucesiones indivisas que no realizan como actividad comercial habitual la compra–venta de inmuebles”. El impuesto surge de aplicar el 1,5 por ciento sobre el valor de transferencia de cada operación y será retenido por escribano o comprador.
“Con la modificación impositiva, el Gobierno propone que para la venta de la segunda vivienda, después de la sanción de la ley, rija una alícuota del 15 por ciento en Ganancias en lugar del ITI”.
«Conceptualmente es correcto la división temporal, porque el impuesto alcanzará a las compras posteriores a la ley. Pero hay cuestiones que están en la nebulosa, como por ejemplo un departamento que se hereda», dijo Caputo al diario La Nación y también planteó que aún no queda claro qué ocurrirá con el ajuste por la inflación porque «el problema es lo que pasó en el Indec (con la manipulación de las estadísticas); si se respetan los números, no habrá problemas, pero ¿qué puede pasar en el futuro?. Por eso, lo ideal sería declarar un valor de mercado para que no haya confusión».
En este contexto, comentó que «el cambio e impuesto no va a frenar el crecimiento del mercado» y que «es importante que haya mayor eficiencia en los trámites del Estado para reducir los tiempos de habilitación de los nuevos desarrollos. Actualmente, la habilitación de un barrio en la provincia de Buenos Aires tarde siete años. Y eso significa pérdida de recaudación para el Estado y complicaciones para los empresarios».
