La creciente deuda por medicamentos dispensados por parte de IOMA, Incluir Salud y PAMI preocupa a los farmacéuticos de la provincia. Desde el Colegio de Farmacéuticos, esperan que Axel Kicillof no sólo regularice la situación sino que también defienda el modelo sanitario y frene el desembarco de Farmacity.
El sector de los farmacéuticos fue uno de los más vulnerados y desprotegidos durante estos últimos cuatro años. Pese a haber solicitado audiencias, nunca fueron recibidos por la gobernadora María Eugenia Vidal. Actualmente, la situación que atraviesan es catastrófica: IOMA adeuda más de 450 millones desde el mes de agosto, los medicamentos dispensados por las farmacias a pacientes del Programa Incluir Salud entre marzo y octubre no fueron pagados y PAMI también mantiene una deuda con el sector.
Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, expresó a Mundo Profesional en este sentido: “nos preocupa porque si la farmacia no tiene una continuidad en el pago de las prestaciones lo que ocurre es que no le puede pagar al proveedor, que es la droguería, y se queda literalmente sin la reposición de medicamentos. Todo el peso de la financiación está recayendo en las farmacias, que son mini pymes. Es imposible pretender que sigamos dando una prestación como le corresponde al afiliado si por el otro lado el propio estado no paga lo que ya dispensamos y además cobramos a valor histórico”.
En paralelo, los farmacéuticos esperan una resolución favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia en el juicio iniciado por Mario Quintana al fisco provincial, cuya audiencia pública se hizo hace exactamente un año.
El fundador de la empresa Farmacity y ex funcionario nacional había hecho en 2012 el primer intento de instalarse en Pilar. Ante la imposibilidad, inició el juicio al fisco de la Provincia con una «pretensión anulatoria» de la ley provincial 10.606, vigente desde 1987, que regula el ejercicio de la profesión y prohíbe que sean sociedades anónimas, fondos de inversión y corporaciones las que vendan medicamentos.
El juez de primera instancia falló en contra. La Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó el fallo y luego, la Suprema Corte de Buenos Aires emitió un fallo unánime, que rechazó los argumentos de Farmacity. Sin embargo, el caso fue revisado y levantado nuevamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa de Farmacity es llevada a cabo por Rosenkrantz, el actual juez de la Corte Suprema de Justicia nombrado por decreto por Mauricio Macri en 2015, cinco días luego de asumir.
“La ley 10.606 posibilitó que haya farmacias en todos los pueblos y en todos los barrios. En lugares donde no hay otro servicio de salud, sí hay farmacia. Esto se construyó durante muchos años desde que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la vigente ley, que es de corte netamente sanitario. En este juicio están en pugna dos modelos: un modelo que es el sanitario y otro modelo que es el modelo de mercado. El medicamento como bien social o de consumo”, explicó Reinoso.
Otro de los sectores más vulnerados por la crisis económica y que ha afectado al sector farmacéutico, por tratarse de la franja etaria que más solicita fármacos, son los jubilados. La dispensa de medicamentos en este sentido cayó 6,6% por unidad en territorio bonaerense. “Esto no solamente en el sector de los jubilados sino también en la gente que perdió el trabajo. En nuestro sistema, el trabajo está asociado a la cobertura de salud y de medicamentos. Entonces el que perdió el trabajo, perdió la cobertura de salud y por ende el descuento en medicamentos. Eso hizo que bajase muchísimo la cantidad de unidades dispensadas”, dijo al respecto la titular del Colegio de Farmacéuticos.
Con la asunción de Axel Kicillof, el sector mantiene las esperanzas de regularizar su situación: “Entendemos que ya todos los funcionarios que van a asumir este gobierno están al tanto. La vicegobernadora, actual intendenta de La Matanza, ya había apoyado con una ordenanza a las farmacias de barrio. A Kicillof le vamos a estar pidiendo lo mismo que le pedimos a esta gobernadora. Que se ponga por encima de la salud de los bonaerenses y del trabajo de los farmacéuticos, que hicieron una carrera universitaria para trabajar de lo que saben y que además es una profesión que tiene un contenido social muy importante. Sabemos que si entra un grupo económico o si entran sociedades anónimas o fondos de inversión, va a pasar lo que pasó en Chile, donde el servicio de farmacia y medicamentos es un horror. Y por el otro lado, necesitamos que las obras sociales nos paguen, no podemos esperar a que el afiliado de IOMA, el de Incluir Salud, el jubilado de PAMI o cualquier otra persona venga a la farmacia y no se encuentre con el medicamento que busca porque la farmacia se quedó sin crédito”, expuso Isabel Reinoso.