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A menos de un mes de aprobarse las mudanzas y en el marco de un decreto nacional que prohíben los desalojos, la Defensoría del Pueblo informó que dichas problemáticas fueron los problemas más recurrentes durante la cuarentena.
Hace tres semanas el gobierno nacional aprobó el pedido del ejecutivo bonaerense de poder realizar mudanzas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Dicha medida rige en el marco de un decreto que establece la prohibición de desaolojos y de aumentos de propiedades en alquiler.
Sin embargo parece poco se efectivizó. Según la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ambos problemas fueron los más denunciados por los bonaerenses durante estos tres meses de cuarentena.
“Entre las principales quejas aparecieron desde la imposibilidad de realizar mudanzas hasta intentos de desalojos, una situación de conflicto generada por el incumplimiento del decreto del gobierno nacional que ordenó frenarlos, como así también prorrogar los contratos y congelar los precios de los alquileres”, expresó el organismo.
En cuanto a las mudanzas, varios inquilinos denunciaron inconvenientes a la hora de trasladar sus pertenencias a un nuevo hogar; sin embargo dicho problema quedó solucionado, en parte, con la disposición del gobierno que las habilitó.
Sucede que aún resta la normativa local de cada municipio para autorizar el servicio de mudanza en cada territorio, como así también la mudanza interjurisdiccional y aquellos casos de contratos firmados justo antes del inicio del aislamiento obligatorio que no llegaron a realizar íntegramente la mudanza.
Por otro lado, desde el organismo que preside Guido Lorenzino comunicaron que “muchos dueños pretendieron desalojar a los inquilinos por falta de pago recurriendo a la violencia o medios extorsivos. En estas situaciones quedaron en evidencia la falta de un mayor control policial, con mayor preparación en la materia y que actúe rápidamente ante el conflicto”.
Asimismo “se denunciaron casos en que muchos locadores e inmobiliarias no respetaron la prórroga automática de los contratos de alquiler contemplada en el contrato, pretendiendo hacer firmar al inquilino un nuevo contrato con un monto de alquiler mensual mayor”. Lo mismo sucedió con episodios en los que se pretendió cobrar el alquiler con el monto actualizado “haciendo oídos sordos al congelamiento de alquileres decretado en la norma”.
En este sentido, el titular de la Defensoría sostuvo que “la reciente sanción de la Ley de Alquileres nos muestra la importancia de actualizar las normas a favor de los inquilinos, pero también nos pone ante la exigencia de que las autoridades deben tener una control firme a la hora de que se respeten estas obligaciones”.
En esa línea, recomendó “prestar atención a las demandas y las situaciones límite que atraviesan los inquilinos. Esto nos llevará a elaborar políticas que los beneficien, sobre todo en este contexto de pandemia. Pero con esto no alcanza, hay que actuar en la realidad para que se cumplan, para que quienes no pueden acceder a una casa propia no sigan siendo cada vez más vulnerados”.
