Mundo Profesional
En el marco de la fuerte polémica desatada por la decisión del gobierno municipal de La Plata de suspender por 180 días la ejecución de mas de 400 obras en diferentes barrios de la ciudad, llamó la atención que durante todo el fin de semana pasado, medios de alcance nacional informaran que «Arquitectos platenses avalaron la decisión» y/o que «el Colegio de Arquitectos de La Plata respaldó la medida», siendo que el CAPBAUNO nunca se manifestó abiertamente a favor de esa decisión.
En rigor de verdad, desde la entidad profesional tampoco objetaron la medida, pero advirtieron que es preocupante «la situación de tantísimos colegas que desarrollan tareas rutinarias comunes –construcciones menores, registro de obras- en las zonas afectadas, que fueron forzados oportunamente por la autoridad municipal a operar con ciertas reglas de juego y hoy se ven involuntariamente afectados por la paralización de su trabajo, que de hecho no es solo para los próximos 180 días sino que de algún modo ya era efectiva desde inicios del año, sin responsabilidad alguna sobre los episodios previos y errores ajenos».
Es que la decisión de la actual gestión local tiene como principal argumento la falta de convalidación provincial de la normativa aplicada para la construcción en determinadas zonas de la ciudad, un requisito que legalmente es exigible, pero que el Estado municipal bajo la gestión anterior había decidido pasar por alto, por lo que lo profesionales platenses mas que apoyar la decisión, lo que exigen es una alternativa para que se puedan continuar con las obras y no se paralice la actividad, que ya viene muy golpeada por la crisis económica.
Por eso llamo la atención del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, que si brindó su respaldo al intendente Julio Alak, aún a pesar del reclamo de los profesionales afectados, por lo que muchos comenzaron a preguntarse si la gestión de la entidad realmente defiende los intereses de los matriculados ante una medida que los perjudica abiertamente.
Desde el CAPBAUNO habían remarcado en varias oportunidades que existía «descoordinación entre indicadores, imprecisiones, superposición de restricciones, conflictos con la aplicación del CUF y limitaciones a la edificación en áreas servidas», pero ante el silencio de las autoridades, acataron la entrada en vigencia de las ordenanzas hoy cuestionadas.
Varios profesionales consultados por este medio, reconocieron que la situación era «irregular», pero también coincidieron en que el avance de los trabajos contó con el visto bueno del municipio y que el retraso burocrático no solo perjudicaba a los inversores en un escenario de altísima inflación, sino también a todos los trabajadores vinculados a cada una de las obras, situación que se esta reeditando ante la medida de la gestión alakista.
