La Asociación de Magistrados salió a rechazar de plano la posibilidad de ampliar los horarios de atención del Poder Judicial y de cambiar el período de feria.
La Asociación de Magistrados salió a fijar postura luego de que el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, planteara una reforma durante su discurso de apertura del año judicial. El Presidente, Mauricio Macri había cuestionado «que la Justicia esté parada 45 días» (todo enero y 15 días de julio) y se quejó de que atiendan hasta las 13.30.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional le envió una propuesta a Ricardo Lorenzetti, a la que pudo tener acceso Mundo Profesional, donde afirman que “de avanzarse en una reforma, debería contemplarse la opinión de todos los sectores que integran el sistema de administración de justicia y efectuarse de modo previo un estudio serio de factibilidad, en el cual empíricamente se concluya que los cambios propiciados sean beneficiosos para la mejor administración de justicia”.
En nuestra opinión, no advertimos que una modificación en el horario de atención al público o de la feria judicial, logre los beneficios deseados” y agregaron que en el ámbito penal, el horario de atención al público no refleja la cantidad de horas diarias que dura la jornada laboral. “En efecto, basta con observar el extenso desarrollo de las audiencias orales, los turnos de los juzgados de instrucción, 12 los turnos de hábeas corpus, el sistema de registro de entrada y salida del personal, el horario en el que se digitalizan los documentos al sistema Lex-100 de gestión judicial. Todo ello, sólo a modo de ejemplo”. En este sentido, desde la AMFJN se preguntaron si se han previsto en la reforma un incremento salarial por la suma de la jornada;
Como propuesta, los jueces creen que lo que “debe promoverse es que las partes concurran menos a las mesas de entradas de los tribunales y que reemplacen esas visitas, con la consulta del expediente por vía digital. Ahí es donde debemos concentrar la energía y los recursos”.
La AMFJN calificó a estas medidas como “efectistas que resultan frente a la opinión pública, nada modificarán las graves deficiencias que atraviesa desde hace años el Poder Judicial de la Nación por la falta de atención presupuestaria que ha redundado en un deterioro estructural trascendente”.