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El Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone implementar el «divorcio administrativo», una vía alternativa para disolver el matrimonio sin intervención judicial ni de abogados.
Bajo el argumento de reducir los costos y agilizar el proceso, el oficialismo pretende correr a los abogados y abogadas del proceso, generando un preocupante grado de desprotección de las partes al no existir una instancia de asesoramiento legal previo a la firma de algún acuerdo.
El proyecto de ley, firmado por el presidente Milei, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, propone modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, incorporando el «divorcio en sede administrativa», permitiendo que los cónyuges puedan finalizar su matrimonio de mutuo acuerdo sin necesidad de un juicio.
El Ministerio de Desregulación argumenta que los divorcios judiciales actuales son costosos y lentos, implicando gastos significativos en honorarios legales y un proceso extenso que limita la disposición de bienes hasta la sentencia final. Con el divorcio administrativo, el trámite se realizaría ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, eliminando la necesidad de iniciar un expediente judicial y reduciendo drásticamente los tiempos y costos asociados.
Y si bien la redacción del proyecto indica que ambos cónyuges deberán presentar una solicitud conjunta para acceder a este sistema, los Colegios de Abogados remarcaron que la mera posibilidad de avanzar sin consultar a un abogado o abogada representa un riesgo para los intereses de cualquiera de las partes, que en muchas oportunidades desconoce cual es su derecho frente a la división de bienes u otras obligaciones.
Para implementar esta opción, también se modifica el artículo 437 del Código Civil y Comercial, que hasta ahora solo contemplaba la intervención judicial en los divorcios. La nueva redacción añadiría la posibilidad de que el divorcio se decrete en sede administrativa.
