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La denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py contra Magalí Eva Espinoza, hija del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ha sacado a la luz posibles irregularidades vinculadas al Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires. En el centro de la controversia se encuentran pagos realizados por esta entidad a una empresa presuntamente controlada por la familia Espinoza, sin que existiera documentación que respalde los servicios contratados.
El juez federal Ariel Lijo investigará el posible delito de lavado de activos y el origen de los fondos con los que Magalí Espinoza, monotributista de categoría inicial y, según registros de la AFIP, con ingresos mensuales de hasta 15 mil pesos, logró abonar una caución de 10 millones de pesos para que su padre obtuviera permiso para viajar a Barcelona, donde participa en el congreso Smart City Expo World.
Además, las indagaciones apuntan a la relación de la familia Espinoza con la empresa Lids Comunicaciones SA, una firma constituida en 2021, que, de acuerdo con el sitio PeriodismoyPunto, recibió varios pagos del Colegio de Odontólogos bajo el concepto de publicidad y contenidos. Según documentos contables, Lids Comunicaciones emitió cinco facturas en 2022, cada una por 423.500 pesos, en un periodo en el que la empresa no contaba con antecedentes ni experiencia en el sector, y tampoco tenía una presencia verificada en la web o redes sociales.
La polémica en el Colegio de Odontólogos
En un comunicado reciente, el Colegio de Odontólogos admitió que, al asumir la nueva gestión, se encontraron registros contables que evidencian pagos irregulares a la empresa Lids Comunicaciones. Los responsables de la administración actual confirmaron que no existe documentación que justifique el pago de los 423.500 pesos mensuales a esta empresa y que no se acreditó contraprestación alguna. Ante el silencio del expresidente del Colegio sobre estos pagos, la entidad procedió a denunciar penalmente el hecho, abriendo una investigación que aún se encuentra en curso.
Para el extesorero del Colegio de Odontólogos, Ariel Garcé, los pagos a una empresa sin trayectoria en el mercado de la comunicación son “un escándalo”, ya que, durante el periodo en que se le facturó a Lids Comunicaciones, no se realizó ninguna campaña de prensa o publicidad en favor del Colegio. Además, Garcé aseguró que, tras una transición política, dejó su cargo, que fue asumido por una administración afín a La Cámpora, lo que podría haber influido en la contratación de la empresa.
Por su parte, la expresidenta del Colegio de Odontólogos, María José Capitanich, defendió los pagos argumentando que se hicieron “conforme a la ley” y que el propósito de los mismos fue “contrarrestar una campaña sucia en redes sociales”. Sin embargo, no pudo justificar por qué se eligió a una firma sin experiencia, ni detalló el tipo de servicios supuestamente prestados.
Implicancias en el caso Espinoza y la denuncia de Rakauskas
La denuncia contra la hija de Espinoza se origina en una causa en la que el intendente de La Matanza está procesado por abuso sexual simple. La defensa de la denunciante, Melody Rakauskas, ha expresado su descontento con el sistema judicial al señalar un trato desigual hacia el acusado y su entorno. La querella considera que las irregularidades en los gastos y la contratación de servicios sin justificación clara reflejan un contexto de impunidad en el entorno del intendente, que se extiende también al ámbito familiar.
La justicia continúa investigando la posible conexión entre el Colegio de Odontólogos y la familia Espinoza, y la falta de transparencia en el manejo de los fondos de esta entidad profesional. Los avances de esta causa arrojarán luz sobre una trama que involucra tanto a la administración pública como a una institución profesional, en un caso que podría sentar un precedente en materia de control de fondos y transparencia en las entidades colegiadas.
