La iniciativa presentada en el Senado de la Nación despertó gran preocupación en la comunidad de profesionales en Ciencias Económicas y desde los Consejos Profesionales se proclamó que “una reforma impulsada por quienes quieren avanzar en una incumbencia que nunca les perteneció y para la cual no están específicamente formados, no es la mejor vía para modificar la Ley concursal”.
Según las entidades que representan a los más de 130.000 profesionales en ciencias económicas en todo el país, que reclamaron ante las Comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación, “el reclamo realizado tiene raigambre constitucional, por lo que rechazamos este intento de reforma que implicaría un retroceso enorme en el desarrollo del instituto de la sindicatura concursal y supondría un daño muy significativo al afianzamiento de la Justicia”.
Además, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires junto a los 24 Consejos Profesionales de todo el país nucleados en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, expresaron su posición el 4 de octubre último en un pronunciamiento a la opinión pública en los diarios de tirada nacional.
Las entidades manifestaron “gran preocupación” por el contenido del Artículo 64 del proyecto de Ley N° 2293-S-15, presentado en el Senado de la Nación y firmado por los senadores Urtubey, Guastavino, Fuentes y Pichetto sobre “Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores, y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal”, porque, según señala el comunicado difundido “subrepticiamente y excediendo el marco arancelario del proyecto, pretende modificar los artículos 253 y 257 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, extendiendo el alcance de la tarea de la sindicatura concursal a los abogados, incumbencia que desde hace 110 años la ley argentina ha reservado en exclusividad a los contadores públicos, en función de los requerimientos profesionales del cargo y la necesidad de proteger a la sociedad en el ámbito económico, para facilitar la recuperación de las empresas en crisis”.
El comunicado difundido explica que “estas labores profesionales requieren, a todas luces, conocimientos específicos en el área económico-contable y en las normas técnicas que las regulan”, y agrega: “Sucesivas comisiones redactoras de proyectos de reforma concursales, incluso aquéllas que conformaron las distintas leyes que han regido y rigen los concursos, han coincidido sin fisuras en la conveniencia de mantener la sindicatura en nuestra órbita profesional”.