Mundo Profesional
Ante los siete casos de mortalidad infantil por desnutrición en Jujuy, la Escuela de Antropología opinó sobre la situación del pueblo wichí quienes repudian la ausencia del Estado pero la culpan por “continuar sosteniendo condiciones de explotación e insalubridad humana”.
Al menos siete niños murieron a causa de desnutrición y por lo menos unos treinta se encuentran internados en la provincia de Jujuy. Es tal el nivel de problemática alimentaria que el mismo gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz se hizo responsable. “Tengo una gran responsabilidad de tener un Estado presente. La Ausencia del Estado ha sido muy grande durante mucho tiempo, la ausencia del Estado ha sido muy grande durante mucho tiempo, la gente sufre y ha sufrido durante muchos años”.
Sin embargo la polémica no rondó en los casos de desnutrición sino en la culpabilidad del mismo pueblo wichi al cual pertenecen los niños como si el ‘problema’ de morir de hambre deviniera de una cuestión cultural y social. “Me da mucha bronca cuando dicen que es un tema cultura, porque nadie se muere de hambre ni deshidratado por falta de cultura, sino por falta de un Estado que no te da las garantías de tener lo básico, como el agua”, expresó el gobernador quien decretó la emergencia sociosanitaria y anunció el despliegue de intervenciones destinadas a paliar la falta de acceso a servicios de agua y de salud en las zonas afectadas.
En paralelo, desde la Escuela de Antropología de la Universidad de Salta emitió un comunicado en el que analizó la situación desde su mirada profesional en la que criticaron las acciones tomadas por el ejecutivo provincial ya que “se encuentran enfocadas en atender las urgencias, sin ofrecer respuesta alguna a los problemas estructurales que desencadenan estas situaciones”.
Para los antropólogos, “la alarmante pérdida de vidas de niños indígenas también está advirtiendo sobre la pérdida de recursos básicos y del despojo de los territorios en los que las comunidades se han desenvuelto históricamente, tratándose de un indicador del abandono estatal y de violación de múltiples derechos humanos”.
Sucede que tanto organizaciones indígenas como sectores académicos vienen denunciando hace décadas la falta de garantías en la implementación de derechos de pueblos indígenas. A pesar de la existencia de legislaciones propicias, “las sucesivas administraciones gubernamentales y los sectores privados violan cotidianamente estas leyes, acrecentando la vulnerabilidad de dichas poblaciones”, rechazaron los profesionales
Desde la entidad sostuvieron que estas prácticas “son acompañadas por expresiones racistas y discriminatorias por parte de funcionarios públicos que emplean argumentos culturalistas para culpar a las propias víctimas. De esta forma se fomentan discursos que naturalizan las situaciones por las que atraviesan las poblaciones originarias, en vez de asumir una responsabilidad estatal histórica hacia las mismas”.
Para ir más allá, los antropólogos entienden que esta falta de reconocimiento del genocidio de los pueblos indígenas por parte del Estado-nación argentino “se expresa al continuar sosteniendo condiciones de explotación e insalubridad humana, generando desplazamientos forzados que tampoco garantizan condiciones básicas de vida”.
Es por esto que desde la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta, denunciaron y repudiaron “el agresivo avance de la frontera agropecuaria y la agroindustria que desmonta, fumiga, degrada los territorios indígenas, desaloja y despoja violentamente a las poblaciones”. Sucede que para los profesionales, este “desarrollo más bien aumenta la brecha de la desigualdad socioeconómica, fomenta la destrucción de bosques nativos y provoca migraciones forzadas”.
Como única forma de dar respuestas adecuadas a esta grave situación, para la Escuela universitaria es no sólo aplicar las medidas que atienden urgencias, sino “acompañar estos procesos a mediano y largo plazo. Ello requiere del involucramiento de los afectados, con protocolos de consulta y consentimiento válidos para las prácticas de los pueblos indígenas y la restitución de sus derechos”. Asimismo hacen hincapié en la necesidad de concretar la implementación de programas de reparación histórica de las vulneraciones de derechos para los pueblos indígenas de la totalidad de la provincia, ya que comparten estas realidades”.
