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La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales sacó un comunicado sobre el panorama actual en relación a la escalada y la vuelta al FMI que “ha complicado la situación hasta virar hacia la preocupación”.
El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires compartió un comunicado de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales en el que afirman que finalizado el primer cuatrimestre del año en curso, la CAIR, vaticinó un leve crecimiento en la actividad para los meses próximos.
El período enero-abril terminó sin mayores sobresaltos en el sector inmobiliario rural, salvo la aparición destacada de algunas operaciones de relevancia dentro de un segmento del mercado que hacía rato que se encontraba ausente.
Sin embargo, lo ocurrido en las últimas semanas ha afectado las proyecciones para mayo. “La incertidumbre política y económica de los primeros días de mayo impactó en una fuerte caída en las expectativas”, señaló la CAIR.
Un cierto número de las operaciones realizadas en el primer cuatrimestre del año 2018 han sido a valores prudentes, motivo de que ciertas partes que realmente quería vender han cedido parcialmente en sus pretensiones.
Las inundaciones y las sequías que azotaron gran parte del territorio nacional pareciera que han quedado atrás, dejando secuelas que indefectiblemente se sentirán en los tiempos venideros.
“Desde el punto de vista económico, prevalecen diversas opciones para que los inversores se inclinen por el mercado financiero, lo que afecta seriamente el sector inmobiliario rural y productivo”, afirmaron desde el Colegio.
Es bien sabido que la rentabilidad del sector agropecuario se ha visto afectada en los últimos meses como consecuencia de una combinación de factores: por un lado el incremento de los costos en dólares, y por otro lado la sequía y las inundaciones han impactado negativamente sobre miles y miles de hectáreas.
“No podemos dejar de mencionar que la vigencia de la Ley 26.737 de ‘Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales’, continúa siendo un claro freno a las inversiones extranjeras. En este sentido, creemos que el país precisa de inversiones externas con carácter de urgencia máxime cuando la historia ha demostrado lo importante que han sido en el desarrollo económico y social del sector agropecuario de la Argentina”, afirmaron los profesionales.
Y finalizaron aclarando que las estimaciones de la entidad “indican que la Ley 26.737 ha tenido un efecto negativo de más de U$S 1.300.000.000 desde la fecha de su promulgación”.
